DENUNCIA. Ayer en la Unse, la organización Vía Campesina habló de la crisis del campo. Barajó temas tales como los agronegocios, la cobertura mediática, y la concentración de la tierra.
Después de 21 días de paro por parte de las entidades del campo, las ideas y venidas en las negociaciones con la Presidenta; en la provincia muchas instituciones y fracciones políticas minoritarias salen a la escena pública para fijar su posición. Tal es el caso del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC). Ellos se definen como una organización de Derechos Humanos en defensa de los pequeños trabajadores rurales. Es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y Vía Campesina. Además, está integrada por más de 18.000 familias indígenas del territorio provincial, quienes viven y trabajan en la tierra desde varias generaciones. Su producción es agroecológica, ya que conserva el medio ambiente procurando siempre la soberanía alimentaría del país.
El Mocase Vía Campesina tiene asiento en Quimilí, departamento Moreno, anoche disertó en la Universidad Nacional, a las 21, por la dilatación en las negociaciones entre el campo y el Gobierno central. La organización entregó a AIRE DE CAMPO un texto explicativo de su posición respecto a las crisis del sector.
Según el escrito, desde el golpe militar del ’76, los gobiernos impusieron el modelo neoliberal permitiendo la desaparición de los pequeños y medianos productores, apostando por los agronegocios. Este cambio en el modelo productivo produjo que se pierdan en gran parte las industrias, la producción lechera, ganadera, porcina, frutal, hortícola, ovina y regional. La Argentina se transformará pronto si siguen en esta línea en un “campo” que produzca forraje barato –pasto soja- para venderlo a China, India y la Unión Europea.
El avance –dice Vía Campesina- más fuerte de los monocultivos se produjo en los ’90, cuando Felipe Solá, ex secretario de Agricultura de Carlos Menem, quien autorizó la siembra de semillas transgénicas y el uso intensivo de agrotóxicos. Pero este año hay un giro en esta política de los noventa, y es que “el 11 de marzo de 2008, el gobierno anunció el aumento de las retenciones a las exportaciones de soja. Las retenciones son un impuesto que se paga cuando se quiere vender algún producto afuera del país. Entonces, por primera vez, la Nación decidió tomar medidas que desalienten la exportación del monocultivo de soja transgénica forrajera. Disposición que afecta a los grandes productores de la oleaginosa”, resalta el texto de la entidad rural.
Sin embargo, la institución campesina hace una salvedad: “Esta medida sirve para mejorar la redistribución de la riqueza, no quiere decir que el modelo económico cambie”. Pero añade: “El proyecto de país sigue siendo agro-minero-exportador. Por ejemplo, a principios de marzo de este año también se entregaron los yacimientos petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, en Santa Cruz; y con las mineras pasó lo mismo. Eso habla de la perversidad de la política económica, de la estrecha relación del gobierno con las multinacionales, y de su doble discurso permanente”.
Un dato muy importante que deslizaron los campesinos, es que el sistema de siembra directa de la soja RR, “destruye 4 de cada 5 puestos de trabajo existentes y sólo crea un puesto laboral cada 500 o 600 hectáreas. Por el contrario, la economía familiar rural genera 35 puestos genuinos por cada 100 hectáreas”, destacaron el contraste.
Los medios al diván
La organización sostiene: “Pareciera que hay armada una gran confusión. La tele, las radios y los diarios han decidido apoyar el paro de los sojeros y pegarle al Gobierno. Con esta postura los comunicadores han decidido mostrar una parte de la realidad, diciendo que era ‘todo’ el campo el que se perjudica por la suba de las retenciones. ¿Y nosotros los campesinos? Ningún medio muestra con claridad cuánto ganan, cómo viven y qué país quieren”.
Por otro lado, según datos del censo agropecuario 2002, Vía Campesina describió que 936 “terratenientes” poseen 35.515.000 hectáreas (casi toda la superficie en cultivo). En promedio son 38.000 hectáreas por cada uno. Al contrario, “137.021 agricultores tienen sólo 2.288.000 hectáreas, lo que significa 16,7 hectáreas por cada pequeños productor”, destacan unánimemente desde la entidad rural como una reacción por el desequilibrio de la posesión del recurso y la concentración de la tierra.
La propuesta, finalmente, apunta a la reforma agraria integral, la soberanía alimentaría y la mayor atención al campo, como es “la salud, vivienda, políticas de empleo, educación, agua y caminos transitables”, concluyó.
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