Justicia Zeta. Denuncia de campesinos de Guasayán. Montan
un sistema de amenazas y desalojo.
El equipo de Derechos Humanos de la parroquia San
Pedro apóstol tomó a Luis Ibáñez y Jobita Martínez, campesinos y poseedores con
ánimo de dueño por más de 60 años, en Puesto San Lorenzo, Guasayán, Santiago
del Estero. Ellos sufrieron intento de desalojo el 4 de noviembre de 2014.
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| Campesinos reclaman en el juzgado de Frías, en 2014. |
“Venimos a denunciar en carácter de poseedores con
ánimo de dueño, de nuestro lote de 201 hectáreas, ubicado y reconocido como Puesto
San Lorenzo, Departamento Guasayán. Nosotros: Luis Manuel Ibáñez, de 68 años de
edad, criado desde los 4 años en este lugar, y mi concubina Jobita del Tránsito
Martínez, de 78 años de edad, nacida y criada en Puesto San Juan, Departamento
Guasayán; según informó el equipo parroquial que depende de la Secretaría de
Derechos Humanos del Obispado santiagueño.
“Julio Díaz es quien motiva nuestro desalojo ante la
Justicia de la ciudad de Frías, pese a que nunca tuvo posesión alguna en
nuestras tierras, por lo que parece que la Justicia sólo beneficia al rico y
nunca al pobre”, consta en la denuncia.
La abogada Viviana Díaz, hija de Julio Díaz, según
la denuncia, “no estaba facultada para realizar el desalojo ni disponer de
nuestros bienes y animales, como lo hizo al llevarse todas nuestras
pertenencias y gran parte de ellas depositarlas posteriormente en el domicilio
de nuestra hija Josefa del Tránsito Gómez, en la ciudad de San Pedro de
Guasayán; incluyendo los medicamentos para el cuidado de nuestra salud. Hemos
constatado que de los bienes llevados, faltan: 1 motosierra marca Still grande,
2 rollos nuevos del alambrado, 1 tacho de 200 litros para el depósito de agua,
así como la rotura del aparador de cocina, que con tanto esfuerzo habíamos
adquirido; quienes, antes de retirarse nos dieron el plazo de 20 días para
retirar todos nuestros animales de nuestra posesión”.
Asimismo, Ibáñez y Martínez denuncian a la abogada
Viviana Díaz, quien habría amenazado de muerte y pidió abandonar el lugar.
Luis Manuel Ibañez no sabe leer ni escribir, en el procedimiento
judicial, fue obligado por el oficial Héctor Abdala, quien "tomándolo por
la fuerza de su brazo y mano para que colocara su huella digital, con amenazas
de que sería encarcelado en caso de resistirse a hacerlo; produciéndole un
shock psicológico por el hecho bajo presión que estaba viviendo por tamaña
situación de violencia, nunca antes recibida”, indicó el equipo de Derechos
Humanos.
Según los campesinos, la abogada Viviana Díaz y su
padre Julio son parte interesada en el desalojo y montaron un sistema de
amenazas.
El destino: "Parece que el pobre, por el solo
hecho de ser pobre, no tiene derecho a nada. Lo tiran para el suelo. Por eso,
esto no va a quedar así. Voy a luchar hasta morir, si es necesario".
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